El bono social eléctrico: un derecho reconocido que no llega
Más de la mitad de los hogares con derecho al bono social eléctrico no lo recibe. Este análisis entre comunidades autónomas permite descubrir dónde se atasca una ayuda destinada a proteger a quienes más la necesitan.
SEPTIEMBRE 2026ROMÉN ADÁN GONZÁLEZELENA COSTAS PÉREZ
El bono social eléctrico: un derecho reconocido que no llega
Más de la mitad de los hogares con derecho al bono social eléctrico no lo recibe. El análisis entre comunidades autónomas permite descubrir dónde se atasca una ayuda destinada a proteger a quienes más la necesitan.
15/09/2026 · 8 min de lectura
El bono social eléctrico nació para proteger a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad frente al aumento del coste de la electricidad. Sin embargo, más de la mitad de quienes tienen derecho a recibirlo no lo cobran (Collado y Martínez, 2024; Rodríguez, 2026). No parece un problema de diseño. La ley define con precisión quién tiene derecho al bono. El problema aparece después: convertir ese derecho en una ayuda que llegue realmente a quienes cumplen los requisitos.
El debate ha cobrado actualidad. En mayo, el Tribunal Constitucional anuló los preceptos de la ley catalana que impedían cortar el suministro a un hogar vulnerable sin un informe previo de los servicios sociales: los llamados informes de riesgo de exclusión residencial (IRER). El motivo era competencial: la regulación del sector eléctrico corresponde al Estado. Pero las consecuencias van más allá de Cataluña, porque la protección frente a la pobreza energética descansa, sobre todo, en el principal instrumento estatal: el bono social eléctrico.
¿Llega realmente a quienes tienen derecho? La pregunta no es nueva. Collado y Martínez (2024) estimaron una cobertura del 24,5% para 2022, y Rodríguez (2026) ha analizado quiénes son los beneficiarios, por qué las estimaciones difieren según se utilicen encuestas o registros administrativos y qué reformas podrían mejorar el sistema. En este post añadimos una pieza más a ese debate: cómo cambia la cobertura entre comunidades autónomas y qué nos dice esa variación sobre el verdadero cuello de botella del sistema.
¿CÓMO LO MEDIMOS?
Para responder hay que comparar dos cosas: cuántos hogares tienen derecho al bono y cuántos lo reciben realmente. Para ello utilizamos los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE entre 2021 y 2025.
Con esos datos identificamos la población diana —los hogares que cumplen al menos uno de los cuatro criterios de acceso: renta inferior al umbral establecido, familia numerosa, pensión mínima o percepción del Ingreso Mínimo Vital— y la comparamos con quienes declaran recibir un bono social. La proporción de hogares elegibles que efectivamente recibe la ayuda es la tasa de cobertura.
Como explica Rodríguez (2026), las estimaciones de cobertura varían según la fuente utilizada. La ECV infrarrepresenta a algunos beneficiarios, por lo que nuestras estimaciones deben interpretarse como una cota inferior. La utilizamos porque permite estimar, con un mismo criterio, tanto la población diana como los beneficiarios y comparar la cobertura entre comunidades autónomas.
¿QUÉ ENCONTRAMOS?
En 2025, solo el 6,4% de los hogares españoles declaraba recibir el bono social, frente al 18,7-21,1% que cumplía los requisitos para acceder a él. Según nuestras estimaciones, la cobertura ronda el 30%: más de la mitad de los hogares con derecho se queda fuera. En términos absolutos, eso equivale a entre 2,45 y 2,87 millones de hogares —alrededor de 10 millones de personas— que cumplen los requisitos pero no reciben la ayuda.
Lo interesante, sin embargo, no es solo que la cobertura sea baja, sino cómo se distribuye. La proporción de hogares con derecho al bono varía enormemente entre comunidades autónomas: desde el 12,6% de Madrid hasta el 26,8% de Extremadura. En cambio, la proporción de hogares que efectivamente recibe el bono se mueve en una franja mucho más estrecha, entre el 4% y el 10%.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECV.
Hogares potencialmente beneficiarios y hogares con bono sobre el total de hogares, por CCAA (2025)
En el gráfico, para cada comunidad, los puntos de la derecha representan los hogares con derecho al bono y los de la izquierda los que efectivamente lo reciben; la distancia entre ambos refleja la brecha de cobertura. Como las comunidades están ordenadas de mayor a menor necesidad, se observa que esa brecha aumenta precisamente donde hay más hogares elegibles: supera los 17-20 puntos en Extremadura o Andalucía y ronda los 10 en las comunidades con menor proporción de hogares con derecho. En otras palabras, el sistema no adapta su alcance a la intensidad de la necesidad en cada territorio.
La misma idea aparece cuando miramos la tasa de cobertura propiamente dicha, es decir, el porcentaje de hogares elegibles que recibe el bono. Esta oscila entre el 46% de Navarra y el 19% de Canarias, sin seguir un patrón claro relacionado con el nivel de renta de las comunidades autónomas. De hecho, al contrastarlo estadísticamente no encontramos una relación robusta entre la cobertura y la renta media de cada comunidad. La necesidad, por sí sola, no explica quién acaba recibiendo el bono.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECV.
Tasa de cobertura del bono social eléctrico por Comunidad Autónoma (2025)
Conviene añadir que la foto no es estática. Entre 2021 y 2025 la cobertura ha mejorado de forma casi generalizada, y en el conjunto del Estado ha ganado unos 9 puntos porcentuales, del 24% al 33%. El avance, sin embargo, ha sido muy desigual: Cantabria gana más de 20 puntos y Aragón cerca de 16, mientras que las Islas Baleares se quedan prácticamente igual y el País Vasco es la única comunidad que retrocede. Es una mejora real, pero insuficiente: incluso al ritmo de los últimos cinco años, la mayoría de los hogares con derecho sigue sin recibir la ayuda.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECV.
Evolución de la cobertura del bono social eléctrico por Comunida Autónoma, 2021-2025
¿Qué lo explica? Es importante tener en cuenta la propia vía de acceso. El criterio de renta es la principal puerta de entrada al bono —lo cumple el 12,7% de los hogares españoles— y, al mismo tiempo, la que presenta la menor cobertura: solo el 28,7% de quienes tienen derecho por esta vía recibe la ayuda. En cambio, el criterio de familia numerosa alcanza una cobertura del 54,3%, mientras que entre los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega al 38,9%. El patrón es difícil de ignorar: las vías de acceso más sencillas o más fácilmente acreditables presentan coberturas más altas. Todo apunta a que el principal cuello de botella no está en identificar quién tiene derecho al bono, sino en el propio proceso de acceso.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECV.
Tasa de cobertura del bono por criterio de acceso y Comunidad Autónoma (2025)
Proporción de hogares por cada criterio que reciben el bnno (renta bruta). La familia numerosa, más sencilla de acreditar, tiene la cobertura más alta; la renta, la más baja.
¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE?
Si el cuello de botella está en el acceso, la solución no pasa tanto por rediseñar el bono como por cambiar la forma en que los hogares tienen de llegar a él. La principal palanca consiste en invertir la lógica del sistema: identificar de oficio a los hogares elegibles utilizando la información que ya posee la Administración. En lugar de esperar a que cada familia descubra la ayuda y la solicite, sería la Administración quien iniciara el proceso.
No es una idea teórica. Portugal automatizó la asignación de su tarifa social y el número de beneficiarios aumentó de forma muy significativa. En España existe, sin embargo, una diferencia importante: el bono exige estar acogido al PVPC (el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la tarifa eléctrica regulada). La identificación automática permitiría, como mínimo, avisar a los hogares con derecho y facilitar el cambio de tarifa.
Mientras llega una reforma de ámbito estatal, también hay margen para actuar desde la gestión. El piloto de la Administració Oberta de Catalunya (AOC) para automatizar los informes de exclusión residencial demuestra el potencial de la interoperabilidad entre administraciones. Esa misma lógica —pre-rellenar solicitudes y verificar automáticamente requisitos ya acreditados— podría aplicarse al bono social. Además, existe una mejora inmediata: automatizar la relación entre el IMV y el bono. Aunque los perceptores del IMV tienen derecho al bono sin acreditar la renta, siguen teniendo que solicitarlo a la comercializadora. El resultado es que solo el 38,9% lo recibe, pese a que la Administración ya ha verificado su vulnerabilidad. En este punto coincidimos con Rodríguez (2026), que también defiende una gestión más proactiva.
Todo ello apunta a una misma conclusión: el principal margen de mejora del bono social no está tanto en redefinir quién tiene derecho como en conseguir que ese derecho se ejerza. El diseño del programa seguirá siendo objeto de debate —por ejemplo, el criterio de familia numerosa forma parte de la reforma prevista en la ENPE 2026-2030— y ampliar la cobertura tiene un coste que hoy soportan los consumidores eléctricos. Pero ninguna política social cumple su función si buena parte de quienes tienen derecho nunca llega a acceder a ella.