El impacto de la prestación universal por crianza en la reducción de la pobreza en España: un ejercicio de microsimulación
Uno de cada tres menores en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. En este post, los autores estudian cuánto podría cambiar esta realidad una ayuda de 200 euros.
SEPTIEMBRE 2026LUCÍA GORJÓNGONZALO ROMEROIMANOL LIZARRAGA
El impacto de la prestación universal por crianza en la reducción de la pobreza en España: un ejercicio de microsimulación
Uno de cada tres menores en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. En este post, los autores estudian cuánto podría cambiar esta realidad una ayuda de 200 euros.
08/09/2026 · 5 min de lectura
Nota: ningún bebé ha sido obligado a sujetar una barra de pan. Imagen generada mediante inteligencia artificial.
España encabeza, junto con Rumanía y Bulgaria, la clasificación europea de pobreza infantil: uno de cada tres menores vive en riesgo de pobreza o exclusión social, muy por encima de la media de la Unión Europea y del resto de grupos de edad en nuestro propio país (Datos Eurostat, 2025). A esta anomalía se suma otra: España es uno de los pocos países de nuestro entorno que todavía no cuenta con una prestación universal por crianza, una ayuda mensual que reciben todas las familias con menores a cargo, con independencia de la renta que tengan, y que hace tiempo que implementaron países como Alemania, Francia o Italia.
En ISEAK hemos simulado qué ocurriría si España introdujera una prestación de este tipo, utilizando los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 del INE. En este post, compartimos los resultados correspondientes al escenario en el que la prestación ascendiera a 200 euros mensuales por menor. La elección de esta cuantía no es casual: se trata de la cuantía que el propio Gobierno ha incluido en su Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, por lo que ya no hablamos de un ejercicio hipotético, sino de simular una propuesta real que se encuentra sobre la mesa del debate político.
El ejercicio compara los niveles de pobreza –tanto la incidencia (cuántas personas están por debajo del umbral), como la intensidad (cuán lejos están de él) – antes y después de introducir la prestación.
El impacto de una prestación universal por crianza de 200 euros/mes en las tasas de pobreza en España.
Los resultados son notorios. Una prestación de 200 euros mensuales por menor reduciría la extrema pobreza infantil en un 43% (del 13,7% actual al 7,8%) y el riesgo de pobreza infantil en un 27% (del 28,9% al 21%). El efecto también llega, aunque de forma más moderada, al conjunto de la población: la extrema pobreza total bajaría del 8,3% al 6,7% y el riesgo de pobreza total, del 20,2% al 18,2% (ver gráfico). Por poner en perspectiva la magnitud del cambio, la pobreza infantil lleva casi dos décadas estancada entre el 27% y el 30%, y el riesgo de pobreza total solo ha logrado situarse por debajo del 20% en los dos últimos años, en torno al 19,5%.
Si nos referimos a la situación de quienes, pese a todo, seguirían sin superar el umbral, la mejora es igual de relevante: entre los menores, la distancia media a la línea de pobreza extrema caería un 30% (del 37,4% al 26,4%) y la del riesgo de pobreza, un 20% (del 35,7% al 28,5%).
En términos de coste, esta política supondría un desembolso de unos 19.000 millones de euros anuales: el 2,76% del gasto público total actual, una décima parte de lo que España destina a pensiones. A conclusiones similares llegan desde el Joint Research Centre de la Comisión Europea, que sitúan el coste de una prestación de 200€/mes en un 0,71% del PIB y calculan que haría falta elevar la prestación hasta 340€/mes –un 1,30% del PIB– para que la pobreza infantil disminuya hasta la media europea.
Más allá de la pobreza monetaria, la evidencia internacional apunta a que este tipo de prestaciones tiene efectos en otras muchas dimensiones del bienestar infantil. Por un lado, se ha demostrado que buena parte de estas ayudas se destina a alimentación, ropa infantil o gastos educativos, documentándose también mejoras en la seguridad alimentaria y en la salud física y mental de menores y progenitores, así como en resultados académicos −menor abandono escolar, mejores resultados–. El efecto sobre la participación laboral de las madres es ambiguo y varía según el país: en ocasiones se reduce, en otras aumenta, y también depende de si existen servicios de cuidado disponibles. Asimismo, se ha constatado un efecto positivo sobre la natalidad, que tiende a aumentar cuando se introducen este tipo de ayudas y a caer cuando se recortan o eliminan.
Con todo, una prestación universal, por sí sola, no puede resolver un problema tan estructural. Es necesario reforzar esta medida con otras políticas en paralelo −no sustituirlas−, en particular de una prestación focalizada a los hogares con menos renta. Ayala, Cantó y coautores insisten precisamente en este punto: la combinación más eficiente pasa por reforzar a la vez el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que hoy apenas llega a una cuarta parte de sus beneficiarios potenciales (AIReF), de modo que la prestación universal ofrezca una base sólida mientras este complemento afina la protección de los hogares más vulnerables.
Por último, las transferencias monetarias deberían ir acompañadas de otras políticas centradas en la infancia, como podrían ser la educación universal de 0 a 2 años −la etapa donde las intervenciones tienen mayor impacto en el desarrollo cognitivo− y la extensión de los comedores escolares gratuitos, que, pese a sus efectos positivos sobre la salud, la escolarización y los ingresos futuros, hoy solo llegan al 11% del alumnado.
Solo combinando estas piezas podremos romper el círculo de la pobreza infantil en España que, además de ser una cuestión de justicia social, lo es de inteligencia colectiva.