Los inmigrantes también son consumidores: el impacto en el mercado de la vivienda en España
El debate sobre inmigración suele centrarse en el empleo, pero sus efectos van más allá del mercado laboral. ¿Qué ocurre cuando analizamos también cómo se reparte su consumo entre distintos sectores?
RECIENTESOCTUBRE 2026JOAN MONRÀS
Los inmigrantes también son consumidores: el impacto en el mercado de la vivienda en España
El debate sobre inmigración suele centrarse en el empleo, pero sus efectos van más allá del mercado laboral. ¿Qué ocurre cuando analizamos también cómo se reparte su consumo entre distintos sectores?
07/10/2026 · 4 min de lectura
Cuando se analiza el impacto económico de los flujos migratorios, el foco suele ponerse casi en exclusiva en el mercado laboral: en si los recién llegados compiten por los mismos puestos que los nativos o si presionan a la baja los salarios. Sin embargo, esta perspectiva olvida una identidad básica: los inmigrantes no solo aportan mano de obra a la economía, sino que también actúan como consumidores de bienes y servicios.
La literatura económica tradicional ha modelizado la inmigración como un choque de oferta laboral o de asimilación de habilidades. No obstante, al integrarse en la economía de destino, los migrantes aumentan de forma inmediata la demanda agregada. La cuestión central radica en determinar si sus decisiones de gasto siguen el mismo patrón que el de la población local y, en caso de que existan diferencias sistemáticas, dilucidar en qué medida estas presiones de demanda sectoriales modifican la estructura productiva y la inflación de bienes específicos como la vivienda.
En un reciente artículo abordo precisamente este canal, examinando cómo difiere la cesta de consumo de los inmigrantes en España respecto a la de los hogares nativos y qué consecuencias macroeconómicas tiene esa heterogeneidad sobre los precios y la producción sectorial.
DATOS Y ESTRATEGIA EMPÍRICA
Para desentrañar estas pautas de gasto, utilizo los microdatos representativos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística (INE), aprovechando que a partir de 2006 se identifica el origen geográfico del hogar dividiéndolo en nativos, inmigrantes comunitarios (UE) y extracomunitarios (no UE). El consumo se desagrega en las doce categorías estándar de la clasificación COICOP.
A nivel metodológico, la investigación sigue un proceso en tres etapas. En primer lugar, estimo las elasticidades renta de cada partida recurriendo a variables instrumentales —utilizando el nivel de estudios para corregir el clásico error de medida de los ingresos reportados, siguiendo a Aguiar y Bils (2015)— para verificar si ambos colectivos reaccionan igual a los cambios de renta. En segundo lugar, aplico una descomposición formal de varianza para aislar si las diferencias en el gasto obedecen a factores socioeconómicos observables (como edad, ingresos, tamaño del hogar o localización urbana) o a un componente no observable atribuible a preferencias o restricciones estructurales. Por último, calibro un modelo cuantitativo de equilibrio general con preferencias sectoriales Cobb-Douglas y funciones de producción sujetas a factores fijos, para simular el impacto que tuvieron las dos grandes olas migratorias en España (1998–2008 y 2016–2024) sobre los precios y cantidades de cada sector económico.
RESULTADOS
El análisis empírico revela, en primer término, que las elasticidades renta de nativos e inmigrantes son cuantitativamente muy similares en prácticamente todos los bienes, lo que descarta que las divergencias de gasto se deban a sensibilidades intrínsecamente distintas frente al nivel de ingresos. La gran divergencia reside en el peso que representa la vivienda dentro del presupuesto: mientras los hogares nativos destinan entre el 14% y el 19% de su gasto a la partida de Vivienda y suministros, los comunitarios dedican entre el 22% y el 27%, y los extracomunitarios entre el 25% y el 29%.
Esta brecha está condicionada por el régimen de tenencia. En España, el 93,3% de los nativos reside en viviendas en propiedad —a menudo sin hipotecas pendientes o con alquileres protegidos de renta antigua—, frente a una tasa de alquiler de mercado del 50,8% en inmigrantes de la UE y de un abrumador 67,5% en los extracomunitarios, lo que hace que la población extranjera concentre más del 37% de todo el gasto en alquiler del país. Mediante el ejercicio de descomposición, muestro que más del 74% de la disparidad en la estructura de gasto de los extracomunitarios (y más del 100% en los comunitarios) se debe a factores no observables o preferencias que persisten incluso tras controlar por ingresos, composición del hogar y entorno urbano. Es más, al comparar exclusivamente a familias en régimen de alquiler, más del 85% de la diferencia en las cuotas de gasto sigue explicada por factores no observables, situándose el alquiler siempre en el centro de la ecuación.
Al trasladar estos patrones al modelo macroeconómico y calibrar la participación del trabajo (labor share) de forma heterogénea entre sectores, el choque de demanda migratoria repercute de forma muy desigual según la elasticidad de la oferta. Los sectores intensivos en mano de obra absorben la mayor demanda aumentando la producción, pero los sectores con alta presencia de factores fijos y capital —como la vivienda— lo hacen primordialmente a través de precios. En concreto, las simulaciones del modelo indican que la demanda asociada a los flujos migratorios impulsó el precio de la vivienda un 11% durante la ola de 1998–2008 y un 5,6% durante la ola de 2016–2024, un encarecimiento muy superior al registrado en sectores de oferta más flexible como la hostelería, el transporte o la alimentación.
IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Estos hallazgos señalan que la vivienda constituye el principal cuello de botella distributivo y macroeconómico ante procesos migratorios intensos. Dado que la oferta de suelo e inmuebles es rígida en el corto y medio plazo, una mayor demanda de alquiler termina trasladándose inevitablemente a un incremento acusado de los precios de arrendamiento. Ello no solo reduce la capacidad de renta disponible de las familias inmigrantes, sino que también encarece el acceso al alquiler para los jóvenes y hogares nativos no propietarios.
Al mismo tiempo, la persistente sobrerrepresentación de los extranjeros en el mercado del alquiler —incluso ante niveles de renta similares a los de los autóctonos— evidencia barreras institucionales y patrimoniales que dificultan su acceso a la compra, tales como la falta de riqueza acumulada previa para afrontar las entradas hipotecarias o mayores exigencias en el acceso al crédito.
En consecuencia, cualquier diseño riguroso de políticas migratorias y sociales debe ir de la mano de reformas estructurales orientadas a dinamizar y ampliar la oferta residencial. Del mismo modo, el debate académico y público sobre el impacto de la inmigración debe superar el estrecho marco de la masa salarial para incorporar de manera sistemática los efectos de la demanda sobre el coste de la vida y la inflación sectorial.