¿Puede la información cambiar nuestra disposición a pagar impuestos?

Por

José María Durán-Cabré, Alejandro Esteller-Moré, Riccardo Secomandi

La propensión a pagar impuestos por parte de los individuos, ¿está predeterminada (y, además, a la baja)? ¿Depende exclusivamente de la ideología política o de la situación económica de cada persona? ¿O pueden la información de que disponemos y una buena gestión pública modificar nuestra disposición a contribuir? Estas no eran preguntas nuevas, pero a principios de mayo de 2020 nos pareció que adquirían una relevancia especial, suficiente como para intentar abordarlas mediante una encuesta.

En esos momentos, en plena pandemia de COVID-19, la intervención pública resultaba indispensable, tanto para hacer frente a la emergencia sanitaria como para amortiguar sus consecuencias económicas y sociales. También percibíamos un interés creciente por cómo y cuándo acabaría financiándose aquel esfuerzo extraordinario. La evolución de las búsquedas de «impuestos» en Google apuntaba en esa dirección. Ciertamente, esas búsquedas no nos dicen por qué una persona se interesa por los impuestos, pero ilustran bien el contexto que nos animó a realizar la encuesta.

Gráfico 1. Intensidad de las búsquedas sobre «impuestos» en Google (línea azul) y casos de COVID-19 en España (línea verde)

Fuente: Figura 1 de Durán-Cabré, Esteller-Moré y Secomandi (2026).

UNA ENCUESTA PARA EXPLORAR LAS PREFERENCIAS FISCALES

Para explorar estas cuestiones, diseñamos una encuesta deliberadamente breve - su cumplimentación llevaba, por término medio, unos 11 minutos -, centrada en asuntos fiscales sobre los que entonces parecía existir un interés especial: el peso de los impuestos en la economía, la deuda pública y, más ampliamente, la relación entre impuestos, servicios públicos y prestaciones sociales. La dirigimos a personas adultas residentes en España y realizamos – a través de Netquest – cuatro olas (mayo y noviembre de 2020, mayo-junio y diciembre de 2021), con unos 2.100 cuestionarios completos por ola, lo que garantizaba su representatividad nacional. No entrevistamos repetidamente a las mismas personas: cada ola incorporó nuevos participantes.

El cuestionario preguntaba a los encuestados sobre algunas magnitudes fiscales básicas, como el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales en el PIB o el nivel de deuda pública, y recogía información sobre su situación socioeconómica e ideología. También les planteábamos una elección sencilla, aunque nada trivial: ¿preferirían pagar menos impuestos a cambio de menos servicios y prestaciones, mantener la situación actual o pagar más impuestos para mejorarlos? A quienes elegían esta última opción les preguntábamos, además, cuánto más estarían dispuestos a pagar de su propia renta.

La clave era que algunos participantes recibían, de manera aleatoria, información fiscal antes de contestar esa pregunta. Así, gracias a esa asignación aleatoria, podíamos comparar sus respuestas con las de quienes no habían recibido la información, e identificar su efecto.

¿QUÉ OCURRE CUANDO PROPORCIONAMOS INFORMACIÓN?

En nuestro artículo recién publicado en International Tax and Public Finance, de entre los planteados en la encuesta, nos centramos en un tratamiento específico. A 1.609 personas se les mostró una breve comparación de los ingresos impositivos de las administraciones públicas en relación con el PIB de España, así como de Estados Unidos, Dinamarca e Italia, países, respecto de los cuales, nuestro país se sitúa en una posición intermedia. La comparación se acompañaba de una explicación sencilla sobre los pros y contras de los impuestos: una mayor recaudación puede permitir mejores servicios públicos y prestaciones, pero los impuestos también pueden tener costes sobre los incentivos a trabajar, invertir o emprender. Otras 1.604 personas constituyeron el grupo de control, al no recibir información previa alguna.

El resultado principal es que recibir esa información incrementó la disposición declarada a pagar más impuestos para mejorar los servicios y las prestaciones sociales. En nuestra especificación preferida, la probabilidad de expresar esa disposición aumenta en torno a 4,7 puntos porcentuales. Es un efecto moderado, pero estadísticamente significativo, para una intervención informativa muy breve. grupo.

Hay tres matices que nos parecen especialmente interesantes. Primero, la ideología importa - de hecho, marca diferencias claras en las preferencias fiscales -, pero no lo explica todo: incluso teniendo en cuenta la ideología y otras características individuales, la información produce una respuesta. Segundo, el efecto también se observa entre quienes inicialmente estimaban correctamente la presión fiscal, sin que encontremos diferencias estadísticamente significativas respecto a quienes la infravaloraban o sobrevaloraban. Esto sugiere que la información puede influir en las preferencias fiscales más allá de la simple corrección de errores de percepción

Recordemos que nuestro tratamiento no sólo proporcionaba cifras, sino que también explicaba los beneficios y costes económicos asociados a los impuestos, así como una comparativa con otros países. Aunque no podemos identificar por separado el efecto de cada componente, contextualizar la información fiscal podría ser tan relevante como conocer las cifras.

Y tercero, no basta con proporcionar cualquier información: otros mensajes de nuestra encuesta, relativos a la deuda pública, la economía sumergida o la descentralización fiscal, no generaron una respuesta comparable en esta misma pregunta.

INFORMACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y DEBATE FISCAL

¿Qué implicaciones tienen estos resultados? En los debates sobre impuestos tendemos a tratar las preferencias de los ciudadanos como algo dado, casi inamovible. Nuestros resultados sugieren que, al menos en el momento de expresar esas preferencias, el contexto informativo importa. Por eso, ofrecer información fiscal correcta, comprensible y equilibrada no es un detalle accesorio: contribuye a que la discusión sobre cuántos impuestos pagar y qué servicios recibir se desarrolle con una base más sólida. Esto no debe confundirse con utilizar la información pública para orientar a los ciudadanos hacia una respuesta política determinada.

Por otra parte, en un artículo complementario publicado en Fiscal Studies, junto con Leonzio Rizzo, combinamos esta misma encuesta con datos oficiales de vacunación por edades y comunidades autónomas. Sin asignación aleatoria, utilizamos una estrategia empírica de diferencia en diferencias: comparamos la evolución de las respuestas de los grupos de 60–69 y 70–79 años antes y durante la campaña de vacunación, cuando los porcentajes de personas vacunadas en cada grupo de edad eran muy distintos. Encontramos que una mayor cobertura vacunal aumentó la disposición declarada a pagar impuestos.

Ambos trabajos apuntan a una idea común, aunque estudian dimensiones distintas: las preferencias fiscales no dependen únicamente de lo que cada uno piensa de antemano sobre los impuestos. También pueden responder a la información fiscal que reciben los ciudadanos y a actuaciones públicas visibles y donde la gestión es valorada positivamente, como la campaña de vacunación. La cuestión no es nueva: ya Anthony Downs (1960) argumentaba que el coste de informarse sobre las políticas públicas podía generar un desconocimiento racional entre los ciudadanos y conducir a un tamaño del sector público inferior al que resultaría con información completa

Hoy, con las redes sociales amplificando la circulación de mensajes sobre impuestos, esa cuestión adquiere nuevas dimensiones. Cuánto deben recaudar las administraciones y para qué deben gastar esos recursos seguirá siendo una decisión colectiva; estar bien informado ayuda a plantearla mejor.

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