Bulos electorales frente a la evidencia
En campaña electoral, los debates sobre temas como impuestos, vivienda o pensiones suelen reducirse a mensajes sencillos. ¿Hasta qué punto se sostienen estas afirmaciones cuando se contrastan datos y evidencia?
JUAN LUIS JIMÉNEZNOVIEMBRE 2026RECIENTES
Bulos electorales frente a la evidencia
En campaña electoral, los debates sobre temas como impuestos, vivienda o pensiones suelen reducirse a mensajes sencillos. ¿Hasta qué punto se sostienen estas afirmaciones cuando se contrastan con datos y evidencia?
17/11/2026 · 8 min de lectura


Hay elecciones y, por tanto, vuelve la guerra de datos. El problema está que, en ocasiones, estos son falsos o malintencionados, porque en política mentir suele salir barato, sobre todo cuando el votante es ideológico y polarizado. Y la dificultad radica en que corregir una mentira exige tiempo, datos y explicaciones. Sin embargo, una democracia sana requiere que la ciudadanía pueda distinguir entre afirmaciones respaldadas por la evidencia y simples consignas electorales.
El presente post sólo persigue ese objetivo, mediante la agrupación de los principales (que no todos) bulos económicos usualmente más repetidos en campaña electoral, contrastándolos (muy someramente) con datos para comprobar qué hay de cierto en ellos. Pero ya les adelanto: si son bulos, son mentiras.
EL BULO DE NO HABER AUMENTADO LOS IMPUESTOS
Afirmar que en España no han aumentado los impuestos en los últimos años ignora (probablemente de forma deliberada) un fenómeno bien conocido en economía pública: la progresividad en frío. Aunque no se modifiquen los tipos legales del IRPF, cuando los salarios crecen por la inflación y los tramos del impuesto, deducciones y mínimos no se actualizan, una parte creciente de la renta pasa a tributar más y la recaudación aumenta automáticamente. De hecho, un reciente estudio para 21 países europeos concluye que España fue uno de los países donde menos se compensó este efecto entre 2019 y 2023. Como resultado, la recaudación por IRPF y el tipo efectivo medio pagado por los contribuyentes aumentaron de forma apreciable durante ese periodo. Por tanto, aunque no se hayan elevado los tipos impositivos de forma explícita, los datos muestran que la presión fiscal sobre las rentas sujetas al IRPF sí aumentó y, de hecho, es uno de los cuatro países donde lo hizo en la última década en la Unión Europea.
EL BULO DE NO GRAVAR LAS RENTAS ALTAS
La evidencia empírica disponible muestra que este riesgo suele exagerarse notablemente en el debate político, pues los contribuyentes de mayores ingresos presentan respuestas migratorias a los aumentos de impuestos modestas, por lo general, debido a los costes económicos, familiares y empresariales asociados a cambiar de residencia. Un reciente artículo para los países nórdicos confirma que los incrementos de la tributación sobre grandes fortunas pueden provocar algunas salidas, pero con efectos reducidos sobre la inversión, el empleo y la actividad económica. Además, la experiencia reciente de Noruega muestra que, pese al aumento de la emigración entre algunos grandes patrimonios tras una subida fiscal, el número de contribuyentes que abandonó el país fue limitado y la recaudación aumentó sustancialmente, sin evidencias de una caída significativa de la inversión o del tejido empresarial. En conjunto, la investigación académica apunta a que gravar más a los ricos puede generar cierta movilidad, pero no la fuga masiva de contribuyentes que a menudo se utiliza como argumento en el debate público.
EL BULO DE LOS CONTROLES DE ALQUILERES
Si hay un mecanismo que no ayuda a mejorar la situación del mercado de la vivienda son los controles de alquileres. "¿Por qué no iba a funcionar algo tan sencillo como prohibir un aumento de precios?", se preguntarán algunos.
La respuesta: aunque los controles de alquileres sí logran reducir los precios de las viviendas sometidas a regulación, beneficiando a quienes ya residen en ellas, la contrapartida aparece cuando analizamos sus efectos sobre el conjunto del mercado: los controles pueden reducir la oferta de viviendas en alquiler y desincentivar la construcción, lo que termina dificultando el acceso a la vivienda (contradiciendo el objetivo de la política). Además, disminuyen la movilidad residencial y trasladan parte de la presión de la demanda hacia segmentos no regulados del mercado. A ello se suma un problema distributivo: los principales beneficiarios no siempre son los hogares más vulnerables, mientras que quienes intentan acceder al mercado, especialmente los jóvenes, pueden terminar siendo los perjudicados.
EL BULO DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS
La vivienda pública podría reducir los problemas del mercado de la vivienda en España, pero las administraciones no hacen su trabajo. Algunos indicadores para entenderlo: en los años 80 del siglo pasado se construían aproximadamente unas 220.000 viviendas anuales, de las que el 65% eran públicas. En 2025, con casi un 30% más de población, se producen unas 139.000 (-37%), de las que sólo el 20% es vivienda pública. Y algunas Comunidades Autónomas están construyendo 0 (cero) viviendas públicas. Estos datos son aún peores si comparamos con el resto de la Unión Europea, donde España tiene el menor parque de vivienda social de alquiler (1,5% frente al 7,5% medio en la U.E.).
EL BULO DE LA HUCHA DE LAS PENSIONES
Las pensiones son la mayor partida de gasto público de todos los niveles de administraciones de España, por encima de salud o educación. Por ello, conviene desconfiar de algunos mensajes simplistas sobre su sostenibilidad. Uno de ellos es presentar la denominada "hucha de las pensiones" como prueba de la buena salud financiera del sistema. La acumulación de recursos en ese fondo dice poco (nada) si, al mismo tiempo, estamos aumentando la deuda de la Seguridad Social a través de transferencias al Estado para sufragarlas. A ello se suma que una parte creciente de las pensiones debe financiarse mediante transferencias procedentes de los impuestos generales (véase también aquí). Por eso, juzgar la salud del sistema por el tamaño de la hucha es, simplemente, tratar de engañar a votantes desinformados.
EL BULO DE LA SOSTENIBILIDAD LAS PENSIONES
La sostenibilidad de un sistema público de reparto como el español no depende de artificios contables ni de fondos acumulados temporalmente, sino de tres factores fundamentales: la demografía (cuántos trabajadores hay por cada pensionista), el empleo (cuántas personas cotizan y cuánto cotizan) y la generosidad del sistema (la relación entre las pensiones pagadas y los salarios sobre los que se cotiza). El problema es que las tendencias actuales no juegan a favor: España combina una natalidad muy reducida, un sistema generoso (de media, los jubilados reciben en pensiones más de lo que aportaron en cotizaciones, en valor actual, durante su vida laboral), una elevada esperanza de vida y unas tasas de empleo inferiores a las de muchos países europeos, mientras el gasto en pensiones continúa creciendo. La sostenibilidad está en entredicho y obviarlo no lo mejora.
EL BULO DE LOS GASTOS SUPERFLUOS
Aunque la eliminación de gastos ineficientes siempre es deseable (además de una obligación constitucional, según el artículo 31.2 de la Constitución), este argumento ignora la magnitud real de cuál es el verdadero problema económico-financiero del país: el sistema de pensiones. Y nada mejor que este gráfico de Jon González para ilustrarlo, que no necesita más explicación:


Fuente: @jongonzlz
EL BULO DE QUE LOS JÓVENES ESTÁN MEJOR
Si algún partido político realiza alguna afirmación sosteniendo que los jóvenes en España están mejora ahora que hace 10, 20, 30 o 40 años, simplemente es mentira. A estas alturas creo que no es necesario explicar por qué es un bulo pero, por si alguien aún duda, puede verlo aquí, aquí, aquí, aquí o incluso en un vídeo aquí (por citar algunas referencias). De hecho, quizás (sólo quizás) este sea el origen del muy preocupante dato que 1 de cada 3 jóvenes en España cree que se vive mejor sin impuestos, porcentaje que va en aumento.
EL BULO DE UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
Hay una máxima que, si se aplicase, seríamos otro país mucho mejor que este: las políticas se evalúan por sus efectos, no por sus intenciones. Aplicada a la administración pública española hay varias críticas que realizar, pero quizás una es notoria: entre 2014 y 2025 se han gastado 19.407 millones € públicos para cubrir sentencias judiciales contra el Estado por su mala praxis legislativa. Y se estiman, como mínimo, 10.000 millones de euros de más (mal)gastos. Por tanto, "eficiente" no debe ser el adjetivo que la caracterice.
EL BULO DE LOS INDULTOS
Los indultos son una intromisión del poder político en las decisiones judiciales (véase aquí, aquí o aquí). Pero, dentro de este, resalta el trato de favor que se realiza en el gremio. Así, en las tres últimas décadas hemos podido comprobar que todos los gobiernos indultan más rápidamente a los políticos que al resto de ciudadanos y que esta situación se ha agravado en las dos últimas legislaturas, ya que el actual presidente del Gobierno ha indultado hasta 3 veces más políticos que el resto de presidentes (medido como porcentaje de indultos a políticos sobre el total de concedidos). Cada vez se indulta menos, pero la representatividad de los políticos aumenta: hasta para indultar hay que tener ese estatus...
EL BULO DE LAS TRANSPARENCIA
La transparencia no consiste sólo en publicar datos, sino también en someter las decisiones de gasto al control parlamentario. Y esta última legislatura ha sido la primera en la historia de la democracia donde se incumple el mandato constitucional de debatir y aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Mientras tanto, una parte significativa de estos ha sido modificado sin pasar por el proceso presupuestario ordinario. Como ha señalado la AIReF, el presupuesto no solamente sirve para asignar recursos: es un instrumento fundamental de rendición de cuentas. Gobernar con presupuestos prorrogados durante años mientras se alteran masivamente las partidas de gasto es, precisamente, lo contrario de reforzar el control parlamentario y la transparencia. Otra cuestión aparte es incumplir es, además, no disponer de plan presupuestario, lagunas de información e incumplimiento sistemático de los objetivos de estabilidad, como la propia AIReF ha criticado recientemente.
EL BULO DE LA INOCUIDAD DE AUMENTAR EL SMI
Aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene efectos positivos (mejora capacidad adquisitiva de trabajadores y su consumo), pero también negativos (afecta al empleo). Centrar el debate en lo primero sin explicar lo segundo es una suerte de mentira que suele mantenerse en los debates. De hecho, la AIReF estimó que las subidas del SMI han tenido impacto negativo sobre el empleo, perdiéndose entre 45.000 y 54.000 afiliados por la subida de 2019, entre 50.000 y 61.000 por el aumento de 2023 y entre 78.000 y 90.000 por el aumento de 2024. Por tanto, como toda política, debe explicitarse los pros y los contras, sobre todo cuando los segundos afectan a los más débiles.
EL BULO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
España presenta una calidad institucional inferior a la media de la UE y de la OCDE y figura entre los países donde más se ha deteriorado en los últimos años. Estos indicadores miden aspectos como el control de la corrupción, la eficacia de las administraciones, la calidad regulatoria o el respeto al Estado de derecho. Los datos, por tanto, no respaldan la idea de una mejora institucional reciente.
COROLARIO:
Las políticas públicas no se juzgan por sus buenas intenciones, sino por las consecuencias que generan. Este texto no pretende decirle a nadie qué debe pensar, sino aportar evidencia sobre lo que ha ocurrido realmente. Si, después de conocer los datos, alguien sigue prefiriendo el relato a los hechos, entonces el desacuerdo ya no es empírico, sino ideológico. Y contra eso, por desgracia, hay poco que pueda aportar un análisis de datos.
